El bien común al que la autoridad sirve en el Estado se
realiza plenamente sólo cuando todos los ciudadanos están seguros de sus
derechos. Sin esto se llega a la destrucción de la sociedad, a la oposición de
los ciudadanos a la autoridad, o también a una situación de opresión, de
intimidación, de violencia, de terrorismo, de los que nos han dado bastantes
ejemplos los totalitarismos de nuestro siglo. Es así como el principio de los
derechos del hombre toca profundamente el sector de la justicia social y se
convierte en medida para su verificación fundamental en la vida de los
Organismos políticos.
Entre estos derechos se incluye el derecho a la libertad religiosa junto al derecho de la libertad de conciencia. El Concilio Vaticano II ha considerado particularmente necesaria la elaboración de una Declaración más amplia sobre este tema. Es el documento que se titula Dignitatis humanae
(Juan
Pablo II en la Encíclica Redemptor Hominis)
