“las leyes que
autorizan y favorecen el aborto y la eutanasia se oponen radicalmente no sólo
al bien del individuo, sino también al bien común y, por consiguiente, están
privadas totalmente de auténtica validez jurídica. En efecto, la negación del
derecho a la vida, precisamente porque lleva a eliminar la persona en cuyo
servicio tiene la sociedad su razón de existir, es lo que se contrapone más
directa e irreparablemente a la posibilidad de realizar el bien común. De esto
se sigue que, cuando una ley civil legitima el aborto o la eutanasia deja de
ser, por ello mismo, una verdadera ley civil moralmente vinculante.”
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